PROBLEMAS LABORALES EN LA INSPECCION DE TRABAJO DEL MTSS

Problemas laborales en la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social del MTSS.
En un principio vamos a definir la función primordial de un inspector de trabajo, que depende del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). A ellos les corresponde vigilar ?la protección legal de los trabajadores en el empleo y, en general, de las condiciones de higiene, seguridad y medio ambiente en que se desarrolla toda forma de trabajo?. Así está establecido por decreto y también por normas internacionales.
Esto abarca desde el no cobro de una hora de la licencia hasta la informalidad, pasando por vigilar las condiciones donde se desarrolla la tarea, esa es la actividad que deben vigilar los policías del trabajo.

De acuerdo con el gremio del sector, la Asociación de Inspectores del Trabajo del Uruguay (AITU), para cumplir esas funciones sólo hay 79 funcionarios en todo el país. Poco más de una decena están apostados en el interior. Esto en las dos divisiones de la Inspección General, que son Condiciones Generales de Trabajo y las Condiciones Ambientales, que apunta a cuestiones de seguridad, higiene y salud ocupacional.

El gremio asegura que son pocos y que esto atenta a un desarrollo correcto de la tarea, que es vigilar que las condiciones laborales estén en orden. Pero no solamente hay falta en recursos humanos, también en vehículos para hacer las inspecciones. Y hablamos de vehículos adecuados, es decir, tener una camioneta apta para ir a los montes, a los arrozales, a donde se corta la caña de azúcar.

La jefa de esta repartición, inspectora general de trabajo María Narducci, reconoce esta situación. Pero al mismo tiempo asegura que era mucho peor cuando ellos asumieron el cargo. ?Nosotros tenemos ocho vehículos, cuando llegamos teníamos dos. La camioneta tenía 700.000 kilómetros... con esa camioneta la inspección funcionó hasta marzo de 2005. En marzo de 2005 ya no podía ser más reparada... De esos ocho vehículos, cuatro de ellos están en comodato y provenientes de Ministerio del Interior, Defensa y de Ganadería, que nos facilitaron camionetas 4x2 para poder llegar por lo menos al medio rural?, señaló.
Además, Narducci indicó que actualmente hay licitaciones en curso para adquirir camionetas 4x4, computadoras (dijo que algunas ya están asignadas), cámaras fotográficas, walkie talkies y aparatos para la evaluación de sustancias contaminantes, previstos en el presupuesto quinquenal.



El sindicato reclama, por ejemplo, lo imperioso de la necesidad de una camioneta 4x4. No como un lujo, aclaremos, sino para poder llegar a lugares de difícil acceso. Tanto el vocal de AITU, Eduardo Fernández, como su presidenta, María del Carmen Camacho, trazan un panorama menos esperanzador que la inspectora Narducci. Ellos señalan la falta de recursos que, incluso, motivó que se suspendieran viajes al interior por falta de viáticos. Además, ha provocado, en palabras de los miembros de AITU, que se inspeccione ?para tapar agujeros?, para cubrir hechos que han salido en la prensa, que se vaya a inspeccionar actividades zafrales al fin de las zafras, y en el menor de los casos que se hagan controles periódicos ?de oficio?, por decirlo en términos legales.
Esta situación, explicaron, genera un campo para que se desarrollen todo tipo de abusos hacia los trabajadores. Justamente, por la falta de controles. Según indicaron los representantes de AITU, históricamente en el interior del país se han registrado casos más notorios de abusos, sobre todo en las tareas zafrales. En Montevideo, lo que más asusta es la informalidad, en sectores como la limpieza o empresas de seguridad, según explicaron Fernández y Camacho.

A su vez, Narducci señaló que en los últimos tiempos se han organizado operativos específicos en lugares donde hay bastante actividad en la construcción, como Maldonado y Colonia, y en otros de incipiente activadad, como en Fray Bentos.
En el Interior es muy difícil hacer buenos controles por la poca cantidad de inspectores que hay en la zona. La inspección es de carácter nacional y desde Montevideo se sale a controlar. Eso cuando, como decía el sindicato, no se suspende la operativa por falta de pagos.
Narducci no cree saludable que un inspector esté radicado en el interior y trabaje en el mismo lugar en donde vive. Esto lo haría un blanco fijo de amenazas. ?No puede libremente transitar por las calles. Porque recibe llamados telefónicos. Porque le golpean la puerta para pedirle explicaciones de cómo realizar el trámite. Y porque no puede inspeccionar el lugar donde compra el pan, la aspirina o la bebida... Entonces, las radicaciones de inspectores en el interior no son aspectos a mantener?, aseguró.
Típico caso de pueblo chico, infierno grande. En un principio da la impresión de que los inspectores no deben ser bienvenidos por los patrones o empresarios, deben ser expertos en recepciones hostiles. No obstante, no es así. Según indicó Camacho esto se da sólo en casos puntuales. El motivo es que duele mucho más una inspección fiscal, sea de la DGI o del BPS, que una de la Inspección de Trabajo. ?El inspector de trabajo lo que significa es regularizar al trabajador, generalmente, aún cuando el trabajador esté en negro o parte del sueldo no declarado.




Todas esas instancias no tienen un peso tan grande en las finanzas de la empresa. Por eso es que no somos tan resistidos?, dijo Camacho.
En otras palabras, es más costoso no cumplir la parte fiscal que atender la situación laboral de los trabajadores.
En una nota del diario El País del 8 de agosto, el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, dijo que al firmarse un decreto que reglamenta el registro de empresas infractoras, estas ya no tendrán porqué pagar las multas al contado. Aquellas menores a 10 UR podrán ser abonadas en tres cuotas y hasta en 12 cuotas las de más de 100 UR.
Pero, aún así, se puede decir que sigue siendo insuficiente el trabajo que hacen. Eso lo asegura el sindicato, que ?tapan agujeros?. Toda operativa es mejorable y confía en el llamado que realizaron para 33 nuevos inspectores, señaló Narducci.
Además, Narducci explicó que, 30 de estos 33 casos serían contratos de función pública permanente y no funcionarios públicos. Ese llamado, en el que en tres días se anotaron más de 1.500 personas es uno de los motivos por los que se queja el sindicato. Al ser contratados y no presupuestados, AITU sostiene que esos puestos de trabajo no son seguros y dependen del gobierno de turno, algo que no les da seguridad jurídica. Este último es una de las quejas que hacen que el gremio se considere en conflicto, más allá que no haya cesado en sus actividades.
Según datos proporcionados por la Inspección General, en el primer semestre de este año se hicieron 8.406 inspecciones en todo el país. De estas, más de la mitad (4.526) fueron en condiciones generales de trabajo y el resto en materia de seguridad y salud. Para hacer un parámetro, el año pasado y en ese mismo período las inspecciones habían sido 4.228, apenas algo más que la mitad.
Si hablamos de las inspecciones en condiciones generales de trabajo, recordemos 4.526, el 47% se realizaron en el comercio, el 27% en la industria, el 22% en servicios y el 4% en sector rural y puertos. El 24% de las empresas no mereció observaciones. De las otras (el otro 76%), el 85,5% presentó las actas intimadas. El ministro Bonomi, en la nota de El País, había señalado que no solo habían mejorado la cantidad sino la calidad de las inspecciones.






En cuanto al conflicto sindical, es un tema complejo que, si se quiere, salió a la luz luego de la comparecencia de AITU en el Parlamento, donde denunciaron hostigamiento y exclusión de los miembros del gremio de los cargos técnicos. En sí, y esto ya salió en la prensa, apuntaban a la inspectora general Narducci como la cabeza más visible de este hostigamiento.
Acá hay una serie de afirmaciones cruzadas. Del lado del gremio, su presidenta María del Carmen Camacho dijo que si bien no están tomando medidas de paro, ellos se consideran en conflicto. El mismo día la inspectora general Narducci, señaló que no existe conflicto.
Para el gremio, la situación de estos nuevos trabajadores no es el único motivo de quejas. Camacho mencionó la falta de planificación, de un plan concreto de trabajo. ?En este momento estamos en una situación de conflicto, estamos trabajando no hemos hecho paro, porque hemos tenido sucesivas instancias de negociación para destrabar los temas que nos preocupan. No hay planificación clara y concreta que tenga visibilidad para todos los involucrados. Hoy no sabemos lo que vamos a hacer la semana que viene. No hay una idea a corto o mediano plazo como vamos a trabajar en el correr de este año y en los próximos meses. Unificar criterios en la actuación es algo que ha sido siempre un deseo de los inspectores de trabajo?, explicó.
Pero más allá de ello AITU denuncia algo que aún no han definido si es hostigamiento o persecución sindical. La línea es muy fina y aún la están analizando. Señalan que el 10% de los miembros del sindicato, que son 74 de un total de 98, según datos que ellos mismos manejan, son o han sido objeto de investigaciones administrativas. Aseguran que han sido desplazados de tareas técnicas de manera injustificada, que han sido acusados de realizar infidencias sobre inspecciones y que, llegado el momento, no descartan tomar otras medidas como paros, según indicó Camacho.
Además, Camacho señaló que un inspector de condiciones generales avise la próxima llegada de un colega de condiciones ambientales no es una infidencia, sino que es informarle a la empresa que sólo se cumplió una etapa de la inspección.
Respecto a esta situación, el 10 de agosto, la inspectora general publicó una carta en el semanario Búsqueda en la cual calificó de ?desconcertantes? y ?totalmente infundadas? esas aseveraciones últimas, que apuntan a ?menoscabar la dignidad de personas? que trabajan para superar carencias ?endémicas? en la Inspección General del Trabajo.




Hay un hecho en particular, mencionado por ambas partes, ocurrido el 31 de julio. Ese día, según el gremio, más precisamente según Camacho, se estaba comunicando a sus afiliados el resultado de una reunión producida el día anterior y al que no todos conocían el resultado. No era una asamblea. Según el sindicato, simplemente era una cuestión normal de información. Por su parte Narducci dijo que había unas 12 personas reunidas y al no tratarse de una actividad sindical, mandó a todos los implicados a su lugar de trabajo.
En esa carta de Búsqueda, Narducci manifestó que la conversación fue por temas circunstanciales. Esto motivó el enojo del gremio que considera, hablando pronto y mal, que se los calificó de vagos.
Narducci explicó cual es su postura sobre los dichos del gremio: ?Eso es absolutamente difamatorio y totalmente infundado. Pero, además, es alarmante, porque un inspector de trabajo que es quien debe administrar de alguna manera las normas laborales para dar garantías a las partes, no puede hablar de persecución sindical cuando lo que hay en curso es una reunión que no tiene absolutamente ningún aspecto gremial, ni sindical. Es una reunión circunstancial en las que están intercambiando distintos temas. Ese es el único hecho por el que ellos hacen ese tipo de acusación. Por otra parte, se habla de siete investigaciones administrativas que se iniciaron en mi gestión. Alguna de esas las he iniciado yo, otras las inició el anterior inspector general. Todas esas investigaciones tienen que ver con denuncias que fueron recibidas en la Inspección General del Trabajo de las que el jerarca no puede ser omiso. Y si en todas esas denuncias se repiten personas, serán los investigadores lo que entenderán si existen situaciones que deban ser corregidas?, indicó.

Narducci no quiso dar detalles de esas investigaciones que, en todo caso, las dirá al Parlamento cuando concurra a declarar por esta situación esta semana o la próxima. La inspectora general está completamente respaldada por el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, quien en declaraciones a El País dijo algo por demás sugestivo: ?no se puede transformar el pertenecer a un sindicato en la excusa para evitar cumplir con el contrato de trabajo, ni evitar cumplir con la función pública?.
Entonces, recapitulando: persecución sindical, sospecha de infidencia, carencia de insumos, sospecha de no cumplir con la tarea; incluso hay rumores de intencionalidad política en este conflicto y resabios de viejos problemas sindicales. Hay que recordar que Narducci también fue miembro de ese gremio. Así están las cosas en la dependencia desde donde se controlan los ambientes laborales.